Unos 25.000 profesionales sanitarios habrían perdido su condición de funcionarios por Real Decreto.

Unos 25.000 profesionales sanitarios, entre ellos más de 4.000 médicos, habrían perdido su condición de funcionarios tras el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril, según calculan los sindicatos y la Vocalía Nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial (OMC). "Aviso para navegantes", advierten.

 

Madrid 26/04/2012, Lucía Argos

 

El macro decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes y publicado este martes en el BOE incluye, entre la batería de reformas, la integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas. Textualmente dictamina que "los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que presten sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de salud, y el resto del personal funcionario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2012 para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo. A tal fin, las comunidades autónomas establecerán los procedimientos oportunos".

 

 

Antonio Fernández Pro

 

"Los servicios jurídicos echan humo", cuenta Antonio Fernández Pro, el vocal nacional de Médicos de Administraciones Pública, que no entiende ni las ventajas de esta medida, ni su justificación. Lo que sí tiene claro es que "se trata de una pérdida de derechos adquiridos" para un colectivo que lleva una media de 29 años con la condición de funcionarios civiles del Estado y que ya estaban integrados funcionalmente en condiciones de igualdad en los servicios sanitarios autonómicos. La medida afectaría a entre 4.000 y 5.000 médicos con unas edades de entre los 55 y los 60 años.

  

¿Por qué sólo a los sanitarios?

 

"¿Por qué sólo nosotros los sanitarios?", se pregunta Fernández Pro. "El agravio que esto supone para un colectivo es un aviso de navegantes para el resto de los funcionarios", advierte.

 

Si el primer punto de la disposición le parece "incomprensible", el segundo, todavía más. "En caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse", dice el decreto. "Esto parece hecho con saña. ¿Qué quieren, que nos vayamos a Hacienda a pegar sellos?", cuestiona Fernández Pro

 

Uno colectivo de 25.000 funcionarios

 

Desde la OMC y los sindicatos se han criticado varios aspectos del RD. Mediante un comunicado, la central sindical CSI-F considera "inaceptable" que el Gobierno plantee medidas sobre personal y reordenación de recursos humanos sin informar previamente a los representantes legítimos de los trabajadores y exige su negociación ante un eventual desarrollo del Real Decreto. El sindicato calcula que la pérdida del estatus de funcionario afectará a 25.000 sanitarios en toda España

 

"Esta medida, impuesta de manera unilateral sobre un colectivo de unas 25.000 personas, tendrá consecuencias tanto en sus retribuciones, como en el sistema de atención sanitaria, dado que muchos de ellos la reciben a través de Muface y, consecuentemente, a partir de ahora, dejarán de hacerlo sin obtener ninguna compensación", explica. CSI-F confía en que exista una negociación ante un eventual desarrollo del Real Decreto.

 

Retribuciones e incapacidad temporal

 

La central sindical critica que, además de las medidas que inciden en el sistema de protección, como la modificación del copago, "la letra pequeña del decreto abre la posibilidad a las comunidades autónomas de modular su aportación a los trabajadores en casos de incapacidad temporal, las prestaciones económicas o las retribuciones complementarias, con el fin de racionalizar el gasto. Esta medida podría generar serias distorsiones en la política de personal del Sistema Nacional de Salud".

 

No obstante, el sindicato valora de manera positiva otras medidas, como la prohibición del turismo sanitario, la central de compras, la creación de áreas de capacitación específica, el registro estatal de profesionales sanitarios o la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales para garantizar la movilidad en el conjunto del SNS.