Los servicios públicos dejan de ser intocables

La Junta admite que la Educación, la Sanidad y los servicios sociales pueden verse afectados tras más de cuatro años de crisis

J. M. AYALA / VALLADOLID

Día 26/03/2012

 

F. ORDÓÑEZ

La Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales pueden ver recortadas sus partidas

 

Enésimo ajuste para tener liquidez

Con un modelo de financiación autonómica «escasísimo» y nuevamente «agotado», una capacidad de endeudamiento limitada por mandato europeo y con la posibilidad de eliminar gastos reducida a la mínima expresión, los servicios públicos fundamentales han dejado de ser intocables. De este nuevo escenario ha venido informando ABC en los últimos días. Si el pasado viernes fue el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el que alertaba del «grave problema» para la «sostenibilidad a corto plazo del modelo autonómico», estas mismas páginas recogían ayer las palabras de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien admitía que «no hay dinero» suficiente para que las consejerías «atiendan» los servicios fundamentales y que ya no «veía» posibilidad de recorte en otros gastos.

Si finalmente las competencias vinculadas especialmente a la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales se resienten económicamente —y en qué capítulos les afectará— es algo que sólo se verá en las Cuentas regionales que presente la Junta a finales del mes de abril, pero lo cierto es que los números con los que ya trabaja la Consejería no garantizan el mantenimiento de estos servicios al nivel de los últimos ejercicios en lo que hasta ahora era una máxima de los responsables del Ejecutivo Autonómico.

Son varios los motivos que han llevado a una situación sin precedentes en la Comunidad. Vinculados siempre al dramático momento económico, que ha reducido notablemente los ingresos y aumentado las necesidades de los ciudadanos, uno de los aspectos que más «daño» ha causado a las arcas regionales es el modelo de financiación autonómica, acordado hace apenas tres años pero que ya nació «insuficiente» para cubrir las obligaciones económicas de la Comunidad. La Junta clama por su revisión, pero el Gobierno central tiene ahora otras «prioridades» y parece hacer caso omiso a la reivindicación tanto de Castilla y León como de otras autonomías en un estadio similar. A la espera de una solución sin fecha fijada, lo cierto es que ya en la presentación de las Cuentas regionales de 2011 Del Olmo reconocía sentirse «engañada» por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ante un reparto de fondos en el que la región habría perdido casi 1.500 millones de euros en cuatro años y que hacía bueno el que se firmó con José María Aznar en 2001.

Si ya criticaba los poco más de 6.000 millones que recibía por el conjunto del modelo —que supone el 70 por ciento del Presupuesto—, montó en cólera al confirmarse los 5.523 millones entregados a la Comunidad en 2011. Ahora, ya con Rajoy al frente del Gobierno, el panorama se complica aún más debido al compromiso del Ejecutivo central de cumplir con un exigente objetivo de déficit tras los desmanes del anterior Gobierno.

La deuda, solución y problema

Sea como fuere, la cantidad con la que se «mueve» la Junta en intensas reuniones con las consejerías es algo inferior a la del pasado ejercicio y, según la previsión de Del Olmo, podría ser finalmente «aún menor» cuando en los próximos días se conozca el Presupuesto del Estado.

Como ya sucediera en los dos últimos años, el Gobierno regional asume ya que las partidas que recibirá del «modelo» —fondo de suficiencia, de garantías de los servicios públicos e impuestos cedidos, principalmente— ni siquiera cubrirán los presupuestos de las tres consejerías sociales —Educación, Sanidad y Familia—, que ya en 2011 ascendió a los 6.000 millones. Tanto aquel desfase como los registrados desde 2007 se «solucionaron» con un aumento del endeudamiento, al que hasta ese momento se negaba la Junta pese a la presión de la oposición y de los agentes sociales, que apostaban por agotar los límites permitidos.

El techo en el uso de esta herramienta, que permitió «sujetar» el Presupuesto de la Comunidad, llegó en 2010, cuando se aprobó una emisión de más de 1.200 millones de euros. Ya entonces, tanto el presidente de la Junta como la consejera avisaban de algo tan obvio como que la deuda «hay que pagarla» y ese es, ahora, precisamente otro de los grandes hándicaps a los que se enfrenta Castilla y León para poder cumplir con el pago de los servicios públicos. Como explicó del Olmo a este periódico, sólo en intereses y en amortización habrá que «apartar» cerca de 600 millones del Presupuesto, casi el doble de los dos últimos ejercicios. Además, con el objetivo del déficit fijado en el 1,5% la posibilidad de acudir a deuda nueva no será tampoco demasiado elevada —tampoco lo quiere la Junta— por lo que, pese a ser Castilla y León una de las regiones menos endeudadas, los recursos para hacer frente a las competencias propias de la Comunidad caen de forma evidente.

Menos ingresos propios

Si a todo ellos se le añade, por ejemplo, el descenso de las transferencias finalistas del Estado —para proyectos concretos—, la práctica desaparición de los fondos europeos y el hecho de que desde 2007 los ingresos propios de la Comunidad han caído un 50 por ciento —cerca de 500 millones— y que la recaudación por los nuevos y controvertidos impuestos de la Junta, como el céntimo sanitario —en torno a 200 millones si se cumplen las previsiones— «no compensa» ese descenso, se entiende en parte un escenario en el que parece que nada volverá a ser lo que fue en cuanto a los servicios públicos. Al menos, hasta que la crisis lo quiera.